El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que configura, por primera vez en España, el derecho universal a acceder a la información elaborada o adquirida por los Poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su soporte y su forma de expresión.
• La norma contiene medidas para que los diferentes entes y organismos publiquen, de manera proactiva, toda aquella información que sea relevante para los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. La única excepción serán aquellas informaciones cuya publicación afecte a la protección de datos de carácter personal o a otros valores constitucionales, como la defensa y la seguridad del Estado.
• Los ciudadanos podrán auditar el uso del dinero público (contratos, subvenciones, convenios, ejecución presupuestaria) y controlar el ejercicio de la actividad administrativa y prestación de servicios públicos, así como conocer la justificación de las decisiones del Gobierno, Comunidades y ayuntamientos.
• Con esta norma, se harán públicos los anteproyectos en trámite de audiencia que sean de especial trascendencia, y los informes o estudios que se encarguen, con indicación de su objeto, autor y coste.
• La Ley configura un derecho nuevo para los ciudadanos y, por tanto, exigible ante los tribunales. No será necesario motivar la solicitud de información, que habrá de ser resuelta en el plazo máximo de un mes ampliable a otro si el volumen o la complejidad de la información así lo hacen necesario.
• La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública democratizará el acceso a la información pública y actuará como salvaguarda frente a la mala administración y las prácticas opacas o irregulares.