La disciplina que impone el mercado y que se refleja en la prima de riesgo que exigen los inversores ha puesto en la cuerda floja a varios países del área del euro como consecuencia de sus elevados niveles de endeudamiento y de la incertidumbre sobre su crecimiento futuro. Como demuestra la macroeconomía básica, la sostenibilidad de la deuda pública es menor cuanto mayor sea el tipo de interés real que hay que pagar para financiar la deuda y menor la tasa de crecimiento del PIB y el superávit primario (el que no incluye la carga de la deuda). Con revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento futuro del PIB (como las que realizó hace escasos días la OCDE), es necesario generar superávits primarios para poder reducir el peso de la deuda pública en el PIB.
Estos días se está poniendo el énfasis en la necesidad de acometer nuevos recortes presupuestarios en varios países de la eurozona (y también en EE UU). Pero al mismo tiempo, diversos economistas de renombre (incluyendo varios premios nobeles) han advertido de las consecuencias negativas que las políticas de austeridad van a tener sobre el crecimiento del PIB y de que el problema de fondo en algunos países no es el endeudamiento público sino el reducido crecimiento del PIB y el desempleo. Pero aunque la teoría nos dice que en este escenario habría que utilizar políticas fiscales expansivas, la disciplina del mercado (recuerden, la prima de riesgo) obliga a lograr superávits primarios para reducir la deuda pública y convencer a los inversores que la deuda es sostenible.
Esta disyuntiva entre lo que dice la teoría e impone la práctica tiene un ejemplo muy claro en el caso español en el que la elevada tasa de paro (por encima del 21%) y la debilidad del crecimiento del PIB aconsejarían no aprobar nuevos recortes presupuestarios. Pero nuevamente es el mercado el que nos exige nuevos ajustes dado que duda de nuestra capacidad futura de crecer a un ritmo suficiente para reducir la deuda. ¿Qué podemos hacer ante esta disyuntiva? Los esfuerzos deben dirigirse hacia la consecución de un crecimiento basado en la competitividad, corrigiendo las debilidades que presenta nuestro modelo de crecimiento. Si conseguimos crecer, será posible reducir el nivel de endeudamiento. Y para ello, como señala el reciente informe Crecimiento y competitividad de la Fundación BBVA-Ivie 2011, es necesario realizar mejoras en cinco ámbitos: el escaso avance de la productividad de muchos sectores; las debilidades del tejido empresarial y sus problemas de competitividad; los problemas del mercado de trabajo, el sistema educativo y el aprovechamiento del capital humano; las dificultades del sector bancario y sus consecuencias sobre la financiación de la economía; y las carencias que padece el sector público en materias como la sostenibilidad financiera, la eficiencia y la equidad.
En el mencionado informe se recogen un total de 49 propuestas para el fomento de la productividad y la competitividad en España, siendo la mejor hoja de ruta para hacer frente a la falta de confianza que nuestra economía despierta en los mercados. En algunos casos, las propuestas exigen no recortar el nivel de gasto público, si bien en otras (como en la reforma de las AA PP) se pueden lograr importantes ahorros de costes (como el control del gasto sanitario, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y la promoción de colaboración público-privada en la mejora del sector público). La necesaria mejora en la eficiencia en la gestión del gasto público no implica necesariamente una pérdida de peso de la dimensión de ese gasto ya que el peso del sector público en España no es superior al de otras economías desarrolladas. Así, el peso de nuestro gasto público total en el PIB (46%) es inferior al de Alemania (47,5%), Francia (56%) e Italia (51,9%), por poner algunos ejemplos. Y en términos del peso del valor añadido público en el PIB (13,7% en España), la situación es similar. Por tanto, el problema no es el tamaño del gasto público, sino su eficiencia. Si la disciplina del mercado obliga a nuevos recortes de gasto público, hay que evitar que recaigan en las funciones de gasto relacionadas con el crecimiento, como educación, I+D e infraestructuras. Pero incluso en estos gastos, es posible mejorar la eficiencia, extendiendo la evaluación independiente ex ante de los proyectos de inversión. En resumen, la clave no es solo gastar menos, sino gastar mejor, mejorando la eficiencia de las políticas públicas. La disciplina del mercado obliga a ser muy selectivos en la elección de las funciones de gasto, pero sin olvidar que la sostenibilidad de la deuda depende del crecimiento y de que determinadas funciones de gasto son vitales para recuperar este.
Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie