El Tribunal de Cuentas ha constatado que muchos de los contratos que el Gobierno adjudicó con motivo de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 se concedieron sin la publicidad con la que habrían de haberse tramitado.
Este órgano concluye que la utilización con «carácter general» del procedimiento negociado sin publicidad para resolver la adjudicación «podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública».